Benavides Law Group ha conseguido recientemente la desestimación de dos cargos por delitos graves tras presentar con éxito un recurso constitucional basado en el derecho a un juicio rápido en el condado de Harris.
Los cargos se derivaban de acusaciones que se remontaban a varios años atrás. A pesar de la existencia de órdenes de detención pendientes, las pruebas presentadas ante el tribunal demostraron que nuestro cliente no se estaba ocultando, ni utilizaba un alias, ni intentaba eludir a las fuerzas del orden. Por el contrario, el cliente había estado viviendo abiertamente y seguía siendo identificable a través de los procedimientos legales habituales.
Tras una vista probatoria, nuestro bufete presentó un extenso escrito en el que se abordaban los cuatro factores que los tribunales tienen en cuenta en virtud de la sentencia Barker contra Wingo: la duración del retraso, el motivo del retraso, la reivindicación por parte del acusado de su derecho a un juicio rápido y el perjuicio causado por el retraso.
Una cuestión fundamental fue la responsabilidad del Gobierno de llevar a cabo con diligencia el proceso penal. La defensa alegó que habían transcurrido años sin que existieran pruebas suficientes que demostraran que se habían realizado esfuerzos continuos para localizar y enjuiciar al acusado. Durante ese tiempo, los recuerdos se habían desvanecido y ya no se disponía de pruebas electrónicas y comunicaciones que podrían haber sido importantes.
Finalmente, el tribunal estimó la solicitud de la defensa y desestimó ambos casos por delitos graves alegando el derecho a un juicio rápido.
El resultado es un importante recordatorio de que las garantías constitucionales no son meras formalidades. Cuando el Gobierno acusa a alguien de un delito, también asume obligaciones constitucionales, incluida la obligación de llevar a cabo el proceso judicial con la diligencia razonable. Un proceso penal no puede permanecer sin resolver durante años sin que ello tenga consecuencias.
En Benavides Law Group creemos que una defensa penal eficaz requiere algo más que negociar con la fiscalía. Implica investigar los antecedentes del caso, cuestionar las pruebas de la acusación, identificar las violaciones constitucionales y estar dispuestos a llevar esos asuntos ante los tribunales cuando sea necesario.
Resultado: Se desestimaron dos cargos por delitos graves.
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Cada caso es diferente, y los resultados anteriores no garantizan los resultados futuros.
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